Cada junio, desde 1973, el calendario nos invita a pensar en la conservación, el cambio climático y el desarrollo humano.
En NCH preferimos usar esta fecha para una pregunta más concreta y, a nuestro juicio, más útil:
¿qué hace que un proyecto de inversión perdure en el tiempo sin entrar en conflicto con el territorio que lo recibe?
La experiencia acompañando proyectos de energía, minería y obras de infraestructura en distintas regiones de Chile nos deja una convicción difícil de discutir: el desafío de esta década no es elegir entre economía y medio ambiente, sino consolidar metodologías que sostengan, al mismo tiempo, la viabilidad de una inversión y el equilibrio del territorio que la acoge.
Hoy la solidez de una iniciativa se mide tanto por su ingeniería como por su legitimidad social. Un activo diseñado de espaldas a la realidad geográfica, social y humana de su entorno no es un activo eficiente: es un activo expuesto.
Escuchar antes de proponer
Durante años, la relación entre proyecto y comunidad se abordó de manera reactiva: primero se decidía, después se gestionaba el conflicto. Ese esquema está agotado.
Las comunidades no son un obstáculo que sortear, sino la condición de viabilidad de cualquier operación que aspire a durar.
Por eso insistimos en algo que parece obvio y rara vez se cumple: la participación ciudadana temprana y los canales de diálogo directos y permanentes son las herramientas más confiables para resguardar la certidumbre de una inversión.
Cuando se escucha desde las primeras etapas y no cuando el diseño de ingeniería ya está cerrado, se abre un espacio para identificar inquietudes reales, distinguir posiciones de intereses y ajustar el proyecto antes de que las fricciones se transformen en reclamaciones judiciales.
En procesos como la consulta a pueblos indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT, esa anticipación no es una cortesía: es la diferencia entre un acuerdo sólido y uno que se desarma en las etapas de implementación y seguimiento.
La confianza no se decreta ni se acelera artificialmente. Se construye en la coherencia entre lo que se compromete y lo que efectivamente se ejecuta en terreno.
Entender el territorio más allá del mapa
El cambio climático dejó de ser una proyección para volverse una variable operativa del presente. El estrés hídrico, los cambios en el uso de suelo y los eventos extremos alteran por igual la continuidad de los procesos productivos y los sistemas de vida de las poblaciones aledañas. Frente a eso, el ordenamiento del territorio exige una mirada que ninguna disciplina resuelve sola.
Ahí está, precisamente, nuestra impronta: la confluencia entre el derecho, la ingeniería, la geografía y las ciencias sociales. Mientras los componentes técnicos aseguran la resiliencia de la infraestructura, el análisis antropológico y social permite comprender cómo una operación dialoga (o choca) con las tradiciones, la cultura local y los pueblos indígenas. Es esa lectura integral la que evita que el progreso económico se construya a costa del patrimonio humano y ambiental de las regiones.
Hacia un compromiso que dure
El Mes del Medio Ambiente se traduce, para nosotros, en una certeza dirigida a quienes deciden: un proyecto sin comunidad aliada es un proyecto vulnerable.
La sostenibilidad territorial obliga a transitar hacia una gobernanza transparente, donde la responsabilidad socioambiental no sea un anexo de relaciones públicas, sino una variable que se integra en el núcleo del negocio.
Facilitar acuerdos legítimos y duraderos, basados en el respeto mutuo y en el conocimiento profundo del terreno, es la única vía realista para viabilizar la infraestructura que Chile necesita.
Caminamos para escuchar, observamos para imaginar y trabajamos para construir.
Cuando hay propósito, rigor técnico y voluntad de diálogo, el equilibrio entre desarrollo y territorio deja de ser una aspiración: se vuelve un resultado.